AC3889-2017
Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-01065-00
Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Fusagasugá y su homólogo Cincuenta y Uno de Bogotá, con ocasión del conocimiento de la demanda que en ejercicio de la acción de protección al consumidor presentó José Orlando Vizcaino Galindo contra Glodinn Club S.A.S.
1. El actor dirigió su escrito inicial ante los «JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES (REPARTO)» de «FUSAGASUGA CUNDINAMARCA», pretendiendo que se obligue a la convocada a realizar el «reintegro, devolución o cualquier otra pretensión relacionada exclusivamente con la ejecución o cumplimiento de las obligaciones (…) contractuales pactadas entre las entidades vigiladas y el consumidor, por la suma de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos».
Así mismo, solicitó el pago de las sanciones de «LEY, por indexación» y «por la vulneración del ESTATUTO NACIONAL DEL CONSUMIDOR».
Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a dos despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Vista la redacción del artículo 28 del Código General del Proceso, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Dada la especial naturaleza de la pretensión contenida en la demanda, la cual refiere al ejercicio de la acción de protección al consumidor, resulta claro que la selección del promotor respecto del funcionario que originalmente refutó la aptitud legal, no es caprichosa y encuentra respaldo en varias reglas especiales de atribución de competencia; todo lo cual obliga al funcionario destinatario inicial a respetar la decisión del pretensor.
En primer lugar, el vínculo que habilita formular pretensión en Fusagasugá, a pesar de que el domicilio principal de la accionada sea Bogotá D.C., está debidamente sustentado en la demanda y sus anexos, en relación con el numeral 5º del artículo 28 del Código General del Proceso, el cual supone más que un fuero autónomo, una subregla del foro general conforme a la cual: «en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta». (Destacado fuera de texto).
De esta manera, tratándose de personas jurídicas y excluidos los eventos de atribución judicial privativa, se amplía el espectro de posibilidades de elección del reclamante para radicar su causa, por cuanto el legislador habilitó también para dicho propósito a los funcionarios judiciales de las sucursales o agencias vinculadas a la controversia.
Nótese que el Municipio de Fusagasugá, corresponde a la sede de la agencia o sucursal, directamente relacionada con la celebración y ejecución del contrato de servicios turísticos que motiva la causa, y donde se ha presentado la reclamación de «EL USUARIO» y la réplica de «EL COMERCIALIZADOR».
Como la localidad referida también coincide con el sitio de cumplimiento de alguna de las prestaciones derivadas del acuerdo de voluntades, muy particularmente la descrita en la cláusula «DECIMA PRIMERA: RESERVACIONES», es igualmente aplicable el fuero de allanamiento obligacional concurrente contemplado en el numeral 3° del citado artículo 28, según el cual «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Resaltado fuera de texto).
En contundente respaldo de lo anterior, es operante en el presente supuesto, con idéntico alcance concurrente, el fuero propio de la normativa de protección al consumidor vertido en el inciso primero, numeral 1 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 -« Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones»-, a cuyo tenor: « Será también competente el juez del lugar donde se haya comercializado o adquirido el producto, o realizado la relación de consumo».
Como puede verse, de forma muy acorde con los propósitos tuitivos del derecho de consumo, el Código General del Proceso y el Estatuto del Consumidor, condensan una suerte de concurrentes foros de competencia que facilitan proponer la reclamación pertinente ante los jueces relacionados con los lugares de nacimiento y/o desarrollo de la relación de consumo o el negocio jurídico que le da origen.
En definitiva, es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasugá, para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido al Juzgado Cincuenta y Uno Civil Municipal de Bogotá.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado